La sistematización de aprendizajes desde el inicio del proceso ayuda a avanzar en confianza y colaboración, y a la mejora continua. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo resalta que el Estado tiene el deber de organizar su intervención, de modo que atienda las manifestaciones de la crisis, las víctimas de las expresiones de violencia, las causas estructurales del conflicto y las demandas de los actores en el conflicto. En promedio los procesos de diálogo respecto de los conflictos socioambientales duran un poco menos de un año y son conducidos mayormente por trato directo de las partes (26.4 por ciento), la PCM (19.4 por ciento), los gobiernos regionales (15.1 por ciento), el Ministerio de Energía y Minas (12.7 por ciento) y la Defensoría del Pueblo (10.7 por ciento). El diálogo implica abrirse a un grado de incertidumbre, para crear algo nuevo en conjunto y en colaboración de otra parte. Todos los Derechos Reservados. Es en ese contexto que empieza adesarrollarse un nuevo ciclo de conflictividad social, esta vez configurado por los conflictos socioambientales con impacto en la gobernabilidad democrática, mayormente en minería y respecto de la relación de estas actividades con las comunidades del entorno; así como por los conflictos sociales vinculados a demandas al gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales (regional y municipal) respecto a la gestión pública de los recursos económicos generados –con los que no se soñaba contar en tiempos de crisis económica en la décadas de los ´80– para un mayor y mejor acceso a servicios públicos de calidad. 08 Aug. Es en 2009 que la PCM, frente al aumento de conflictos, asume la iniciativa de impulsar una más amplia institucionalidad para la gestión de los conflictos. Informe: Informe N° 001-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales. (2011). Estados de emergencia que, una vez vencidos en plazo, usualmente son renovados una y otra vez, pasando a ser la norma en lugar de la excepción. Dentro del período 2009 a 2015, en el 66,6 por ciento de los casos en los que hubo diálogo el proceso se inició después de hechos de violencia. Y presenta una serie de lecciones como desafíos en el contexto de la pandemia del Covid-19. El Valor del Diálogo. El escenario de conflictividad hasta aquí desarrollado es uno pre pandemia Covid-19. En todos esos espacios se desarrolló una interesante experiencia profesional desde la sociedad civil que podemos identificar como de mediación socioambiental en minería. El método de transporte de los materiales hasta la costa es un camino de 324,5km llamado Corredor Vial Sur, que pasa por Cotabambas y Grau en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar en Cusco, y Caylloma en Arequipa. Bedoya, C., Caravedo, J., Moreno, G., Ormachea, I. La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de marzo de 2022. Una experiencia desarrollada en ese sentido fue la del proyecto Diálogo Sur, que contó con el apoyo financiero de la Unión Europa, impulsado por una plataforma de ONGs promotoras del diálogo y participantes en el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. En suma, se trata de cumplir la aún pendiente promesa republicada hacia el bicentenario de la República en julio de 2021. 25–45). En este mes, se han realizado reuniones presenciales con participación del MINAM... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 006-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de junio de 2022. ¿Cuántos casos activos de conflictos sociales se registran en el Perú? Advertencias crecieron en 10 con respecto al mes anterior. Institución detalló que existen 129 conflictos socioambientales, 82 son del sector m... Defensoría del Pueblo revela que existen 129 casos socioambientales, 83 de ellos involucran proyectos mineros. ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Centro Noruego para los Derechos Humanos de la Universidad de Oslo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La pandemia está evidenciando dolorosamente el hecho que, si bien el Perú creció económicamente durante más de dos décadas, y mantuvo las condiciones macroeconómicas en el mejor estado posible, esto no se tradujo de manera suficiente en desarrollo social y tampoco en desarrollo institucional, desde el cual hacer una gestión pública que garantice efectivamente los derechos a todos los peruanos en su enorme diversidad social y cultural. Sin embargo, hay una debilidad en el seguimiento y la gestión de los acuerdos, convirtiéndose en un factor de riesgo para la reactivación del conflicto, considerando especialmente que solo en el 26,8 por ciento de los casos se cumplieron todos los acuerdos, y en el 32,5 por ciento la mayoría de ellos; mientras que en el 32,5 por ciento se cumplieron solo algunos acuerdos y en 4,6 por ciento ningún acuerdo (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2017). Al respecto se observa que los conflictos están teniendo una predominancia territorial, más allá de los entornos inmediatos de los proyectos, y en estos espacios confluyen actores sociales con lógicas comunitarias, individuales y familiares. Este trabajo se vino realizando a través de programas de capacitación en análisis de conflictos, negociación, mediación, diálogo y otros aspectos relevantes en el abordaje de conflictos sociales. En este Sistema, la ciudadanía y los tomadores de decisiones acceden a información técnica, académica y científica de distintos organismos públicos y privados sobre temas ambientales. Aportes al análisis y abordaje de conflictos para el desarrollo sostenible. El MINAM ha pri orizado la atención de 4 9 casos … Defensoría del Pueblo invoca al Estado, las comunidades y empresas a persistir en el diálogo. Hicieron lo propio empresas chinas como Chinalco, China Minmetals, Jiangxi Copar, Minerals and Metals Group (MMG), Guoxin International Investment Corporation y CITIC Metal Co. Entre el 2011 y el 2015, Chávez, J., Irigoyen, M. (2019) apuntan que se aprueban 48 nuevos proyectos de explotación entre los que destacan proyecto de minas de tajo abierto tales como Minas Conga a cargo de Minera Yanacocha (Cajamarca), Mina Antapacay de Minera Xtrata Tintaya (Cusco); Mina Apumayo de Anabi del Grupo Aruntani (Ayacucho), Mina Cerro Negro Fase II, de Minera Yanacocha (Cajamarca), Mina Pucamarca de Minsur (Puno), Mina Constancia de HudBay (Cusco), Las Bambas de Xtrata (Apurimac), Mina Anama de Anabi del Grupo Aruntani (Apurimac), Mina Toromocho  de Minera Chinalco Perú (Junín); y, Mina Shahuindo de Sulliden (Cajamarca). Por ello, encontramos relevante la necesidad de empezar señalando este histórico proceso de conflictividad que, no obstante haber culminado hace dos décadas, se encuentra vivo en el inconsciente colectivo y muy poco presente en el análisis y la reflexión de los conflictos socioambientales mineros en el Perú. La ONDS asume la responsabilidad de dirigir procesos de diálogo con los diversos actores sociales, del sector privado y los funcionarios públicos. Esto evidencia una mayor confianza en los actores independientes. La mediación socioambiental multiactor implican una pedagogía permanente con los actores sobre el rol del tercero, la naturaleza, la metodología y los valores que sostienen el proceso. La sensación de maltrato y discriminación por parte de los funcionarios de las empresas. A la luz de esta experiencia generada desde la sociedad civil, contribuyendo a la mediación socioambiental en minería, y en general a los procesos de diálogo multiactor (nivel local, regional y nacional), presentamos algunos aprendizajes de cómo contribuir mejor al abordaje de la compleja dinámica de los conflictos: ____________________________________________________________________________, “Más que estar en el medio, la mediación debiera concebirse como un proceso de construir hacia el medio desde las bases”, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Esa dimensión estructural es fundamental de considerar desde un enfoque transformativo, tanto para el análisis como para el abordaje y la transformación de los conflictos concretos. Características de los conflictos mineros. A nivel de los gobiernos regionales hubo intentos de desarrollar oficinas especializadas de gestión de conflictos, pero que no se llegaron a consolidar. La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), conformada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra para recomendar reformas en el sector minero, en el contexto de una nueva crisis alrededor del proyecto Tía María, toma como referencia que, en el período 2016 a 2019, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales relacionados con la minería siguen representando, con un 43 por ciento, el mayor número de casos en el panorama de la conflictividad. Ocurrió en el municipio de Ilave en el departamento de Puno, donde el alcalde fue linchado por los pobladores frente a la difusión de acusaciones de corrupción en el manejo de la gestión de los recursos públicos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un registro oficial de 60 mil desplazados. En este período se han creado nuevos espacios de diálogo en Apurímac (Mara-Cotabambas) y Cusco (Livitaca- Chumbivilcas).  Asimismo, el Ministerio del Ambiente participó en las sesiones presenciales de los espacios... El presente informe desarrolla los avances en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM al mes de octubre de 2021. Existen importantes esfuerzos de diálogo multiactor para abordar la agenda pública relacionada a la problemática de la minería y su conflictividad. Luego vendría el caso del Baguazo en junio de 2009. Se inició así un proceso de diálogo entre múltiples actores con perfil nacional a fin de buscar consensuar una visión de la minería de cara al año 2030. Hay ocho conflictos activos que pueden devenir en violencia. Defensoría del Pueblo del Perú. El escenario de la conflictividad actual que presenta el Reporte de Conflictos Sociales del mes de abril de 2020 da cuenta que, del total de 188 conflictos sociales en el país, 122 son de tipo socioambiental, representando el 68.1 por ciento y de ellos 84 se presentan en el ámbito de la minería, constituyendo el 64.1 por ciento (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2020). Entender que todo diálogo es comunicación, pero no toda comunicación es diálogo. Una mirada en perspectiva a este nuevo ciclo de conflictividad social y socioambiental a partir de 2000, en un escenario de transición democrática y post conflicto armado, nos da cuenta de casos emblemáticos que fueron configurando el imaginario de la conflictividad en el país y su dinámica. Durante ese período … De acuerdo con el servicio de consultoría Macroconsult, Las Bambas, que representa el 72% del PBI de Apurímac y 1% del PBI nacional, le ha pagado a la región S/1,115 millones en regalías desde que inició operaciones. Le siguió en 2008, la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del Ambiente (Minam). La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de marzo de 2022. La dinámica de la conflictividad social se mantiene activa con mayor intensidad en la Amazonía y la zona sur del país. Con esto no se pretende establecer relaciones de causalidad, que en alguna argumentación apareció para estigmatizar la protesta social buscando asociarlas a la presencia eventual de actores vinculados a grupos subversivos, y así despertar como tocar sensibilidades en el corazón de la sociedad peruana. Una posible explicación del mayor número de conflictos sociales durante la crisis internacional podría deberse a las expectativas sociales y las dinámicas de conflictividad desatadas en la primera parte de la década por el proceso de expansión minera. En el mes de octubre de 2022, el Sector Ambiental continuó con la s acciones de prevención y gestión de los conflictos socioambientales. Esta situación que removió la política nacional, y que tuvo como desenlace la disolución constitucional del Congreso, profundizó el descrédito y la desconfianza en el Estado y las instituciones públicas, desgastado las capacidades de respuesta del gobierno a los actores de los conflictos sociales, que se habían convertido en foco de la agenda política nacional (Las Bambas, Apurímac, y Tía María, Arequipa). Cabe mencionar que los actores de la sociedad civil organizada vinieron realizando diversos roles. Evolución Socioeconómica del Perú 1990-2010. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/997DD9A6365FC18805257D8F0061B2CC/$FILE/1_pdfsam_evolucionsocioeconomicadelperu.pdf. En eses sentido, según el estudio, al parecer el comportamiento de la IED es más sensible a la coyuntura internacional que a los conflictos sociales, lo cual iría en un sentido explicativo contrario a los argumentos que atribuyen la caída de la inversión con los conflictos sociales y, como consecuencia, abogan por la necesidad de un enfoque de intervención más represivo a fin de cuidar el crecimiento económico. En la segunda parte, se desarrollan las acciones preventivas. El conflicto en su escalada y expansión territorial involucró a las organizaciones sociales, las municipalidades, y al gobernador Regional de Cajamarca como principal actor confrontado con el Gobierno Nacional. ENTREVISTA / GASTÓN AÍN, conflictólogo argentino: El respeto de sus modos de vida y cosmovisiones de desarrollo. El MINAM ha priorizado la atención de 39 casos, teniendo en cuenta la incorporación de un nuevo caso, como el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de formular la propuesta de Plan de Intervención para la Zona de Atención Especial, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), y el archivamiento de otro. Otro conflicto emblemático durante el gobierno de García, en 2010, fue el caso del proyecto minero Tía María, bajo la titularidad de la empresa minera Southern Perú, en el departamento de Arequipa. La primera fue la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas. Primero emitió una directiva fomentando la conformación de equipos especializados en conflictividad en los ministerios, y dos años después, en 2011, dispuso que estos cuenten con estas oficinas dependientes del Despacho Ministerial, es decir, del más alto rango. En la... El presente informe, desarrolla las acciones en la  prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de enero de 2022. “Los gobiernos locales y regionales más que actores reguladores del conflicto terminan siendo actores primarios, asumiendo el protagonismo de la demanda social”. La comunicación puede ser simplemente compartir información técnica dentro o fuera del marco de los procesos de diálogo, como lanzar mensajes publicitarios a un público más amplio, no necesariamente vinculado al conflicto, para promover nuestra posición; o para persuadir, pero no para conectarnos con quien tenemos el desafío de enfrentar el problema común. Es a partir del declive de la violencia armada, en cuanto a la cantidad de atentados terroristas como en su expansión territorial, y el quiebre del movimiento sindical minero en el contexto de las privatizaciones –el cual ya venía debilitado además por las agresiones de Sendero Luminoso y las acciones antisubversivas de las Fuerzas Armadas–, que empieza una acelerada expansión de la inversión minera en territorios altoandinos de comunidades campesinas (muchas de ellas originarias y mayormente quechuas), cuyo tejido social había tenido distintos niveles de impacto por la violencia del conflicto armado interno. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL PERÚ - Video en contexto. Aunque el proceso fue perdiendo fuerza en una proyección hacia las regiones y las localidades para ampliar la participación y el consenso, se alcanzaron interesantes niveles de acercamiento entre los actores participantes, que fueron luego recogidos en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. A mayor número de actores sociales, más compleja la gestión de las tensiones internas que se expresan en competencias por el liderazgo de la agenda del conflicto. Se apreciará la brevedad y claridad. El MINAM ha priorizado la atención de 47 casos de conflictos socioambientales, priorizados por el MINAM, y el respectivo seguimiento de compromisos, de los cuales el 77% de los compromisos se encuentran cumplidos, 18% en proceso y 5% pendientes.En el mes de... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 008-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de agosto de 2022. Así que idealmente deben ir de la mano. Los conflictos socioambientales en el Perú, Cusco: reinicio de paro indefinido contra el gobierno en Espinar, Incendian Municipalidad de Espinar y camionetas particulares, Observatorio de conflictos mineros del Perú- segundo semestre 2022, Las Bambas: se levantó el paro en Challhuahuacho, Apurímac: se intensifica el paro indefinido en Challhuahuacho contra Las Bambas, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Esta oficina sistematizó las intervenciones del Gobierno Nacional en conflictos sociales y estableció los primeros Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales, estableciéndose que las intervenciones en conflictos sociales se darían en prevención, tratamiento y seguimiento. Descarga el reporte del segundo semtesre del 2022 aquí Desde el anterior informe del OCM, hemos venido sosteniendo que la conflictividad social en el Perú ha … Asimismo, es importante contribuir profesionalmente con el fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos, tanto de los equipos de gestión pública de conflictos, como los de relaciones comunitarias, gestión social, responsabilidad social en las empresas, así como las organizaciones de la sociedad civil. Garantizando, además, una relación equilibrada entre la actividad productiva, el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Esta plataforma conformada por las organizaciones CARE Perú, ProDiálogo, Asociación Civil Labor y Red Social, trabajaron promoviendo espacios de diálogo multiactor a nivel regional en Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Ancash, departamentos de gran presencia minera y de conflictividad. De ellos, 36 eran conflictos socioambientales. Fuente: Informe Final de Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en base a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en sus reportes Willaqniki. En esas circunstancias de crisis hay mucha desconfianza y el diálogo tienen bases aún más inciertas, que requieren de un trabajo intenso para crear condiciones previas. En el caso de la minería, los conflictos laborales son los que cobraron notoriedad, a través de reclamos por la continuidad de operaciones sin respetar normas de la emergencia, los temores de contagio en los centros de trabajo, la falta de oportuna atención a los trabajadores contagiados, así como la desmovilización y el pedido de retorno a sus lugares de residencia habituales. Tampoco se tradujo en un mayor fortalecimiento de las instituciones de la democracia para la provisión de dichos servicios públicos de manera universal, de calidad y en igualdad de oportunidades, para acortar la histórica falta de presencia estatal, o deficiente presencia, en los territorios, así como para el cuidado del medioambiente, especialmente el agua como recurso natural que, además de ser de gran de valor cultural para las comunidades altoandinas –donde se desarrolla mayormente la minería metálica–, es fundamental para las actividades agrícolas sobre las que se configuran sus modos de vida y economías tradicionales. La conflictividad socioambiental en el Perú no puede ser mirada y entendida solo a través de situaciones de conflictos en particular, sino en una perspectiva más amplia del contexto histórico de la conflictividad social a fin de identificar los patrones, las dinámicas, las complejidades y los factores estructurales de fondo en las que se enraíza. El MINAM ha priorizado la atención de 43 casos. El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red de integración tecnológica, institucional y técnica que facilita la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental (Art. (2019). El diálogo y la comunicación serán más fluidos como constructivos. La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OG. La institucionalidad para la gestión de conflictos sociales desde el Gobierno Nacional tuvo así un proceso de evolución. Conflictos socioambientales: La pugna entre las comunidades y las actividades extractivas presentes en el 2022, Gobierno tendrá que resolver 80 conflictos socioambientales, Presentan el geoportal ‘Geografías en Conflicto’, Julio registró el mayor número de conflictos socioambientales del último año, Reportan 191 conflictos sociales en enero del 2020, Advierten sobre la posibilidad de un nuevo «caso Interoil» en el Lote 192, Autoridades sectoriales encargadas de aprobar EIA se reúnen con el Minam, Minam y Goresam capacitan para evitar conflictos socioambientales, “La solución a los conflictos sociales en minería es la legalización”, Defensoría del Pueblo registró 175 conflictos activos en abril, Cinco razones para no tener un botadero en Loreto, Ministro del Ambiente: “Vivimos una conflictividad social propia de los países en crecimiento”, Madre de Dios: Manifestantes bloquean puente Billinghurst y toman calles de Puerto Maldonado, San Martin: Reforestarán franja marginal en tramo de la carretera Fernando Belaúnde, Cajamarca: Incautan cerca de dos mil pies tablares de madera ilegal en Tabacones. Algo que parece un consenso es la necesidad de desarrollar protocolos de seguridad en participación y diálogo con las comunidades para que estos no solo sean técnicamente adecuados, sino culturalmente adaptados y socialmente apropiados, además de que las empresas contribuyan tanto con los servicios de salud como con ayudas socioeconómicas a las comunidades. Objetivos del Informe 12 3. ¿Dar un respiro a la Constitución durante la pandemia? Con información de: Defensoría del Pueblo. gestión de los conflictos socioambientales. Otro hito fue el caso del llamado Arequipazo. En este panorama, el peso gravitante de la minería en el conjunto de la economía del país, producto del crecimiento impulsado por el boom de los precios de los minerales, se refleja en el hecho que al 2015 contribuía con el 13 por ciento del PBI y representaba el 62 por ciento del valor total de las exportaciones del Perú, el 71 por ciento de las cuales estaban destinadas a China –principal comprador–, Suiza, Canadá, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Corea del Sur. Los costos al Estado son aquellos vinculados a la movilización de las fuerzas policiales y la atención en salud, así como a la pérdida de recaudación tributaria y de legitimidad. Así, pueden realizar un rol facilitador del diálogo entre comunidades y empresas, o convertirse en un actor primario más del conflicto frente a la empresa y el Gobierno Nacional. Hubo muchos intentos en ese sentido, tanto a nivel legislativo como ejecutivo sin que hayan prosperado. Pensar en un docente que sea didáctico no fue difícil, la elección fue Carlos Parodi, profesor principal del Departamento Académico de Economía. Heridas en el tejido de las relaciones sociales y en la psique colectiva, tanto a nivel consciente como inconsciente. El argumento sobre el que se sustentó la continuidad de actividades en minería se centró en que esta actividad cuenta con las mejores tecnologías y estándares de seguridad en el trabajo y que sus actividades principales se hacen en zonas aisladas bajo regímenes rotativos de personal en períodos de tiempo que pueden ser controlados. Por ello, el tercero facilitador tiene que ser consciente de sus límites y los del propio proceso, y más bien posibilitar la fuerza creativa del sistema, manejando la tensión entre la estructura y la flexibilidad del proceso. 22 Feb 2021 1:00 h. Mientras los peruanos enfrentamos la pandemia de coronavirus, la corrupción de funcionarios del Estado, el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, hay otros problemas que se asoman sigilosamente. El caso Peruano. En un período de un poco menos de dos meses el escenario presentaba elementos de tensión y conflicto que no existían previamente y que son un desafío para el diálogo y la mediación –temporalmente suspendidos por la pandemia– dado que los actores sociales comunitarios no solo son un grupo vulnerable, sino porque la brecha digital existente dificulta el relacionamiento virtual para superar las barreras para hacerlo de manera presencial. Las alertas tempranas incluyen 18 casos socioambientales. Durante la década de los ´80, debido a la violencia, la actividad minera estuvo casi paralizada y envuelta en conflictos laborales. Esta es una problemática que fue también abordada por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Bedoya, C. et al. Por su lado, las demandas de las comunidades y los frentes de defensa están relacionadas a temores de propagación de la pandemia por la circulación de trabajadores y vehículos de las empresas, además de los asuntos ambientales o el reclamo por supuestos incumplimientos de convenios. Entre 2017 y 2019, en promedio alrededor del 55 por ciento de los conflictos eran abordados mediante el diálogo. Estos costos afectan al sector privado empresarial corporativo con la paralización de la producción o el retiro del proyecto por riesgo en las ganancias y la capacidad productiva. Las reuniones continúan siendo virtuales, así como algunas presenciales... El presente informe desarrolla los avances en la prevención y gestión de la conflictividad socioambiental del MINAM al término del año 2021. Aprendizajes para la transformación de la conflictividad socioambiental. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Reporte-especial-N%C2%B01-Demandas-y-tensiones-sociales.pdf. La participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada como derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios. Este conflicto igualmente tuvo como desenlace el fin de toda proyección minera sobre el cerro Quilish. En Minería, conflicto social y diálogo (págs. El caso se originó en la preocupación de las comunidades respecto de las potenciales afectaciones a las lagunas del entorno donde se ubicaría el proyecto. Significa que el rol del mediador apunta a modificar las relaciones y desencadenar transformaciones desde los actores a partir de los cuales se puedan ir abriendo espacios para las transformaciones estructurales y culturales que el conflicto está haciendo emerger. Probablemente el conflicto (en general) socioambiental de mayor impacto a nivel nacional y repercusión internacional por el número de víctimas, las consecuencias políticas, y lo que significó en términos de manifestación de la discriminación estructural y los profundos desencuentros en las cosmovisiones de desarrollo evidenciados en la relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas amazónicos. La empresa construyó represas de agua argumentando que así se mantendría el balance hídrico (primero el agua, después la mina). El fortalecimiento de capacidades para el diálogo es por ello una estrategia muy importante que, simultáneamente, prepara a los actores y los introduce en la práctica de una dinámica dialógica que crea un clima de confianza previo al abordaje de los asuntos conflictivos que confrontan a las partes. Antonio Miró Quesada N°425 (ex Juan de Aliaga), Urb. Al sector privado minero le cuesta gestionar la comunicación y el dialogo, porque no se suelen ver como parte de un proceso integrado. Esto llevó a Las Bambas a emitir un comunicado cuatro días más tarde en que anunciaba que suspendería sus operaciones indefinidamente a partir del 20 de abril. En el Perú, los conflictos han crecido en los últimos años de manera más intensa, duradera y con agendas más complejas, han movilizado cada vez a mayor cantidad de personas quienes se perciben afectadas o excluidas por la actividad, el 50% de los casos reportados por la Defensoría del Pueblo (2005) fueron categorizados como socioambientales, de los cuales alrededor del … La segunda ola del coronavirus: Una mirada a Europa y lo que le espera a Latinoamérica. Hasta el anuncio de una tregua de 30 días, emitido el 9 de junio, la Defensoría del Pueblo informa que el conflicto amasó un total de 56 heridos: 44 en abril y 12 en mayo. La energía personal del mediador/ra es importante para sostener el proceso. En la tercera parte, se plantean los principales logros, y conclusiones, además de los casos priorizados por MINAM, OEFA y Senace. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM presenta su reporte mensual de conflictos sociales correspondiente al mes de enero del 2022. Dirección de Información e Investigación Ambiental, Av. Proyecto Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos socia­les en el uso de recursos naturales, Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta vez se establecen los objetivos y las funciones más activas como la de proponer planes de acción para la prevención y atención de los conflictos sociales, formas de intervención específicas, asesoría y seguimiento de los conflictos sociales. Este derrame terminó afectando la salud de alrededor de mil personas. Llamado así por el distrito del mismo nombre en el departamento de Piura en el norte del país. Cabe recordar que el presidente del Consejo de Ministros, y gran impulsor del resistido proceso de privatización, era Pedro Pablo Kuczynski, quien sería más tarde elegido presidente de la República en 2016 y posteriormente renunciara en 2017 por vinculaciones al caso de corrupción de Odebrecht (en el que también se vio involucrado el mismo Toledo, además de los ex presidentes Humala y García). La Mesa de Diálogo de Tintaya arribó a un conjunto de acuerdos y funcionó como espacio permanente de relacionamiento entre los actores. Las comunidades afectadas suelen denunciar un hecho que no necesariamente afecta su ecosistema, solo para que sus pedidos repliquen a las autorid... El exministro del Ambiente exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial a fortalecer la lucha contra la minería ilegal. Están las ONGs que generan información y análisis a partir de investigación como Grade o el Instituto de Estudio Peruanos. Los conflictos sociales en nuestro país sumaron cinco nuevos casos en enero de 2022. © 2021 Copyright Agencia de Prensa Ambiental - INFOREGION. Es así que en la década de los ´90 se llegó a configurar en un escenario de conflictividad que desencadenaba periódicamente en sucesivos episodios de crisis (alrededor del 21 de mayo, fecha declarada por los actores sociales como Día de la Dignidad de Espinar). publimetro.pe| Reducción de los espacios cívicos y de participación social en Guatemala, Carlos Alberto Sarti Castañeda (Guatemala). Recientemente la Defensoría del Pueblo informó que la participación de las mujeres en los procesos de diálogo representa solo el 17.3 por ciento. Incluso esta proporción subió al 71,4 por ciento entre 2013 a 2015. trome.pe| En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. Y muchas veces los procesos de diálogo se inician en situaciones de crisis para manejarlas y no como procesos sistemáticos con enfoque preventivo. La empresa y Estado argumentaron que este pedido económico era excesivo dado que la empresa venía cumpliendo con sus responsabilidades sociales y ambientales, y que Espinar era la provincia del Cusco que más recursos recibía por Canon Minero y que tenía una pobre ejecución de gasto de los recursos recibidos. Covid-19 – Estado de Emergencia” de la Adjuntía de Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, registra la conflictividad emergente en el contexto de la pandemia entre el 16 de marzo y 8 de mayo. La sociedad civil jugó un rol importante trabajando en el fortalecimiento de capacidades con enfoque de resolución y transformación de conflictos, tanto con las distintas oficinas estatales de gestión de conflictos como con los equipos de gestión social, responsabilidad social y relaciones comunitarias de las empresas, y con ONGs activistas en la protección de derechos y líderes como lideresas sociales de comunidades con presencia minera. La gestión de fideicomisos y fondos sociales para abordar demandas de desarrollo social y económico de alcance local y departamental. ¿Todos los volcanes activos son también nevados? La pretensión es que no se pierdan de vista las fracturas estructurales de carácter social, cultural, político, institucional y económico en las que subyace y se encuentran enraizadas las dinámicas de conflictividad social actual y en las décadas pasadas. Fue a través de la mediación de la Iglesia y la conformación de un Comité de Alto Nivel con la participación de ministros de Estado que, finalmente, se resolvió la crisis mediante acuerdos que incluyeron la anulación del proceso de privatización. La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 008-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la … (2003). La gran y mediana minería es competencia del gobierno nacional, al igual que la gestión de conflictos, tanto a nivel sectorial (desde sus respectivas oficinas especializadas) como de la Presidencia de Consejo de Ministros (instancia coordinadora intersectorial a través del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial). Es recién a partir de este momento que el trabajo de gestión de conflictos sociales tiene explícitamente como eje de intervención el diálogo, con un enfoque preventivo y de desarrollo. De acuerdo con el jefe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Rolando Luque, gran parte de la explicación se encuentra en los espacios previo al diálogo, donde se define el poder, construyen los liderazgos y se marcan los roles de género (Luque, R. 2020). Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2019-DP/APCSG. Según el reciente Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), un grupo de proyectos mineros valorizados en cerca de 12,000 millones de dólares tenía retraso en su desarrollo debido a los conflictos sociales. En 2011 las principales empresas productoras de oro eran Minera Yanacocha, Barrick Miskichilca, Minera Buenaventura, Aruntani, C.M Horizonte, AUR Santa Rosa y Gold Fields La Cima. A su vez, se identifican como conflictos socioambientales a aquellos cuyas dinámicas giran en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos y donde están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2020). Las Bambas y las comunidades campesinas: una relación con muchos altibajos. Hay conflictos de convivencia, que tienen que ver con la búsqueda de una relación más armónica entre las actividades mineras y las comunidades, con una relación de mayor respeto mutuo, en … Esta reducción en el presupuesto afectará la ejecución de inversión pública que se tenía planeada, en especial a la ansiada Vía Evitamiento de Abancay, a la que, según lo proyectado, se le destinarán S/52 millones, y que el año pasado ejecutó 91% de los S/81 millones asignados. Son multicausales y multidimensionales. Pobladores de la provincia cusqueña de Espinar se dieron cita hoy en diferentes puntos de la ciudad de Yauri para reiniciar las protestas en un paro indefinido, exigiendo la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte y el llamado a la convocatoria de una asamblea constituyente. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Esta interface ha sido desarrollada con el apoyo del, Oficina general de Asuntos Socioambientales, Informe N° 010-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 011-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 009-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 008-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 007-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 006-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 005-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 004-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, Informe N° 001-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales. (2015). La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 011-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la … Hay también una creciente preocupación por la existencia de convenios entre empresas mineras y fuerzas públicas, las cuales fueron recogidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El MTC emitió un comunicado en febrero donde informa que esta obra, con un avance del 12%, beneficiará directamente a 650 mil habitantes. Investigaciones realizadas posteriormente desmintieron las acusaciones que precipitaron el lamentable desenlace del caso. De esta manera, la empresa estatal Minero Perú Comercial (MINPECO) pasó a tener el monopolio de la comercialización externa, siendo las inversiones estatales mineras más notorias en esa década las de Cerro Verde (Arequipa) y la refinería de Ilo (Moquegua), en el sur del país, que en la actualidad siguen siendo de gran importancia para la minería del país, ahora en manos privadas transnacionales. Sin embargo, la pandemia, su entendimiento y complejo control epidemiológico, desbordó no solo al Estado sino también a las empresas mineras. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social, y que conflicto y violencia no son lo mismo, siendo la violencia la manifestación destructiva del conflicto social (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2020). Cabe también desatacar que hubo intentos de reforma institucional para una gestión de conflictos más integrada en el sector interior y así tener una mejor comprensión del fenómeno conflictivo y las respuestas gubernamentales articuladas con un enfoque de respeto de los derechos humanos y la restitución democrática del orden público. En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. La mayor parte de los procesos de diálogo se inician en fase de escalamiento y crisis, es decir, cuando las tensiones son altas; y que el diálogo en su mayoría se inicia dentro del mes de expresión de las demandas en el espacio público (41,4 por ciento de los casos). Uno de los consensos entre analistas y estudiosos de la conflictividad, así como de actores de la sociedad civil es la necesidad de contar con un sistema nacional de prevención y transformación de conflictos sociales, con el fin coordinar, integrar y articular la acción del Estado para una repuesta más eficaz a las dinámicas de los conflictos. De esta manera, la expansión acelerada de la actividad minera a partir de la segunda mitad de la década de los ´90 y la primera de 2000, se realizó en espacios territoriales impactados por la violencia directa y por una histórica violencia estructural de exclusión social, económica y política. informe_enero_ogasa_2022.pdf (format PDF / 2 MB) El presente informe, desarrolla las … La etapa de transición entre el fin y el post conflicto armado, estuvo caracterizada por el conflicto político relacionado a la recuperación de la institucionalidad democrática, quebrada con el autogolpe de Estado en 1992 por el régimen de Alberto Fujimori, así como por las demandas sociales que empezaron a emerger luego de años de haber sido suprimidas y embalsadas por el autoritarismo. Informe da cuenta que se incorporaron al listado cinco controversias nuevas, d... La cifra actual supera en seis a la que se registró el mes pasado. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 218, correspondiente al mes de abril de 2022, donde se informa sobre la existencia de 209 conflictos sociales registrados (160 activos y 49 latentes). Igualmente, este período dejó un alto número de desplazados y migrantes internos hacia Lima que huyeron de la crisis económica y la violencia.3. Conflictos sociales en el Perú. (2014) nos recuerda que, en 1995, se registraron 185 protestas sociales, que en 1997 ascenderían a 340 y en el 2001 llegarían a 720. En 2004 el Estado no contaba con una institucionalidad y como consecuencia sus respuestas eran improvisadas. Son resultados intangibles y acumulativos que dan frutos poco a poco. La falta de una estrategia clara, la poca aptitud de representantes en áreas clave, y el enorme número de ministros a la fecha hicieron que esta sea la paralización más larga desde el inicio de la mina. Diálogo Cívico: La democracia deliberativa en los conflictos socioambientales. En la otra mitad de casos, el diálogo no se realizó porque ninguna de las partes manifestó su voluntad o porque no lo hizo alguna de ellas. En su reciente informe especial, la Defensoría del Pueblo analizó el costo de los conflictos sociales cuando estos escalan a etapas de violencia y provocan consecuencias que afecten el bienestar de las personas, así como la institucionalidad, el medio ambiente y la economía de la localidad, la región o del país. Democracia y participación, ¿fuerza legitimadora del poder? Finalmente, el tercer pico de escalada en crisis fue recientemente, durante el gobierno del presidente Vizcarra, en 2019, en torno a la aprobación de la licencia de construcción, habiendo cumplido el proyecto con los requisitos formales, pero bajo el anuncio del gobierno, confirmado por la propia empresa, que cualquier avance en el terreno estaría condicionado a la obtención de la licencia social. Un caso interesante de destacar en el que se quebró significativamente esta dinámica de respuesta –salvándose con ello vidas–, fue durante el Moqueguazo. Este conjunto de lagunas –en especial la laguna El Perol– es considerado la principal fuente de agua para la agricultura y el equilibrio ecosistémico. Asimismo, están las organizaciones orientadas a la facilitación de procesos de diálogo multiactor y al fortalecimiento de las capacidades para el diálogo y la resolución de conflictos, desde un rol de terceros, entre las que se encuentra organizaciones como ProDiálogo, la Asociación Civil Labor, Red Social, Socios Perú o el Instituto del Diálogo. En los casos más intensos y complejos en proceso de escalamiento en crisis, el Estado recurrió con frecuencia a la declaración de estado emergencia, con ello suspendiendo derechos como los de reunión y haciendo uso de la fuerza estatal para la recuperación del orden público. Este tipo de respuesta estatal llegó a producir afectaciones a los derechos de ciudadanos en la protesta, pero también a la integridad física de los policías como en los casos emblemáticos de Bagua y Tía María, en los que murieron a manos de personas que protestaban. La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 005-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la … Mientras que la PCM tiene por objetivo monitorear los escenarios de potencial afectación de la gobernabilidad, la Defensoría del Pueblo apunta a la garantía de los derechos ciudadanos y una adecuada atención del Estado en servicios públicos.
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